HIPOTECAS. LA CUESTIÓN ACTUAL DEL IRPH: el Alto Tribunal descarta la nulidad generalizada de las hipotecas vinculadas al IRPH y exige una evaluación individualizada por cada juzgado. Analizamos la controversia sobre el sobrecoste frente al Euríbor, la exigencia de mala fe y desequilibrio, y la inminente saturación de la litigación bancaria.
La litigación en torno a las cláusulas financieras de los préstamos hipotecarios ha vivido uno de sus episodios más trascendentales con la reciente resolución de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).
Frente a la pretensión de asociaciones de consumidores y miles de particulares que demandaban un pronunciamiento categórico que decretase la nulidad en masa de estas estipulaciones, el Alto Tribunal ha cerrado la puerta a las soluciones globales.
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En su lugar, el Tribunal Supremo ha dictaminado que la eventual abusividad del IRPH debe examinarse caso por caso y de forma estrictamente individualizada por los órganos judiciales de instancia.
Esta decisión incide directamente sobre un contingente económico estimado en más de 15.000 millones de euros en contingencias bancarias y afecta de forma sustancial a más de un millón de familias prestatarias en España.
BANCARIO. IRPH: UN JUEZ OBLIGA A INDEMNIZAR E IMPONE EL EURIBOR
La resolución ha desencadenado una agria polémica en el ámbito jurídico y social. Mientras las entidades bancarias celebran la evitación de un quebranto patrimonial sistémico, las plataformas de afectados (como Asufin o la OCU) denuncian que la exigencia de litigio individual aboca indefectiblemente a la saturación de los juzgados especializados y perpetúa la desprotección del prestatario frente a la gran banca.
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Para comprender el alcance del litigio, resulta indispensable analizar la naturaleza técnica y la evolución de este tipo de interés variable.
El IRPH es un índice oficial elaborado habitualmente por el Banco de España y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A diferencia del Euríbor —que refleja el tipo al que se prestan dinero los bancos en el mercado interbancario europeo—, el IRPH se calculaba mediante la media aritmética de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por el conjunto de bancos y cajas de ahorros a más de tres años.
Debido a su propia fórmula compositiva, el IRPH incorporaba estructuralmente las comisiones y gastos aplicados por las propias entidades, lo que provocaba que se situase de forma sistemática por encima del Euríbor.
Esta distorsión se volvió especialmente gravosa durante el período comprendido entre los años 2013 y 2016.
En esa etapa, mientras el Euríbor iniciaba una senda descendente sin precedentes hasta situarse en terreno negativo, el IRPH se mantuvo de forma persistente en el entorno del 2 %.
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Esta brecha supuso que los contratos vinculados al IRPH soportasen un recargo económico de entre 200 y 300 euros adicionales al mes en comparación con una hipoteca idéntica referenciada al Euríbor, generando una merma económica acumulada de decenas de miles de euros por vivienda.
La resolución del Tribunal Supremo se alinea formalmente con los pronunciamientos previos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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En sus fallos de diciembre del ejercicio anterior, la corte de Luxemburgo determinó que el mero carácter oficial de un índice no eximía a los bancos de cumplir con los deberes de transparencia previstos en la Directiva 93/13/CEE, si bien precisó que la concurrencia de abusividad debía ser ponderada caso a caso por los tribunales nacionales.
| Doctrina consolidada de la Sala Primera: «La falta de información sobre la evolución pasada del índice no comporta automáticamente la nulidad de la cláusula. Para declarar la abusividad de una estipulación transparente en su redacción formal, se requiere constatar la existencia de mala fe por parte de la entidad bancaria y un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en el momento de la contratación.» |
El Supremo ha aclarado que las entidades financieras no estaban legalmente obligadas a entregar al cliente la fórmula matemática de cálculo ni un histórico detallado de la evolución del IRPH antes de la firma, siempre y cuando dichos elementos figurasen en publicaciones oficiales y públicas como el BOE o los folletos informativos del Banco de España.
Asimismo, entiende el tribunal que la inclusión del IRPH no impedía al consumidor comparar la oferta con otros índices disponibles en el mercado.
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Uno de los aspectos más controvertidos de la fundamentación del Alto Tribunal es la disociación entre la mera falta de transparencia y la abusividad.
Según el Supremo, aunque se detectasen deficiencias en la fase de comercialización informativa, ello no deriva per se en la nulidad absoluta de la cláusula. Es preceptivo demostrar que la entidad actuó de mala fe en el momento inicial y que introdujo un desequilibrio sustancial en perjuicio del prestatario.
Las plataformas de defensa del consumidor han reaccionado con severa dureza ante el fallo judicial.
Desde la OCU se critica que el fallo rebaje sustancialmente las exigencias de transparencia y anule la eficacia de las acciones colectivas, obligando a cada afectado a entablar un pleito individual de resultado incierto.
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Sostiene que la Sala de lo Civil vuelve a hacer una interpretación sesgada de los dictámenes europeos, obviando que el IRPH se comercializó masivamente como un índice ‘estable y seguro’ a clientes de perfil financiero menos experimentado, cuando en realidad encubría una carga de intereses sustancialmente superior a la del Euríbor.
El examen caso a caso implica que cerca de un millón de afectados que deseen recuperar los sobrecostes deberán promover demandas individuales.
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Representantes de la judicatura y asociaciones de consumidores coinciden en señalar que esta masiva entrada de procedimientos provocará la saturación de los juzgados especializados (juzgados bis), demorando durante años la resolución definitiva de las pretensiones y multiplicando los costes procesales.
A pesar de la rigidez de la doctrina del Tribunal Supremo, la vía judicial no se halla enteramente cerrada.
Aquellos prestatarios que deseen evaluar la nulidad de su cláusula IRPH deberán someter su contrato a un riguroso análisis individualizado:
Información precontractual aportada: Verificar si el banco entregó la Oferta Vinculante, FIPER o documentación previa detallada con la antelación debida.
Omisión de diferencial negativo: Acreditar si la entidad bancaria incumplió la recomendación oficial del Banco de España de aplicar un diferencial negativo al IRPH para equipararlo a la TAE del mercado.
Perfil del consumidor y mala fe comercial: Probar la ausencia de conocimientos financieros específicos del prestatario y la imposición del índice frente a otras alternativas sin explicación de su sobrecoste previsible.
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Imprescriptibilidad de la acción de nulidad. Es relevante recordar que las acciones relativas a la nulidad de cláusulas abusivas en contratos con consumidores son imprescriptibles. Por consiguiente, la reclamación puede interponerse tanto si la hipoteca se halla actualmente en vigor como si el crédito ya ha sido amortizado por completo.
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