BANCARIO. SOBRE LOS CRÉDITOS REVOLVING Y LA TRANSPARENCIA: en una decisión jurisprudencial de calado histórico para el sistema financiero y la tutela de los consumidores en España, el Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado dos importantes sentencias que establecen de forma nítida los criterios legales para declarar abusivos los contratos de tarjetas de crédito ‘revolving’.
Esta nueva doctrina judicial abre la puerta a que miles de clientes atrapados en deudas perpetuas puedan reclamar a las entidades bancarias y recuperar sumas que, según estimaciones de la plataforma legal reclamador.es, oscilan de media entre los 2.000 y los 20.000 euros por afectado.
Las tarjetas ‘revolving’, cuyo coste de financiación ha superado con frecuencia tipos de interés nominales y TAEs por encima del 23%, han sido calificadas por expertos en consumo como auténticas ‘trampas financieras’.
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Su particular diseño operativo permite aplazar las compras mediante cuotas fijas mensuales reducidas, pero provoca un efecto bola de nieve en el que la mayor parte del pago se destina a abonar intereses y comisiones, ralentizando la amortización del capital prestado y generando deudas de duración indefinida.
El núcleo central del pronunciamiento del Tribunal Supremo radica en el deber de información que pesa sobre los bancos e instituciones financieras antes de la firma del contrato.
El Alto Tribunal enfatiza que, ante el riesgo evidente de encadenar una obligación económica perpetua, resulta imprescindible que el usuario reciba una información precontractual completa, nítida y en el momento oportuno sobre el funcionamiento real del producto.
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Esta información previa debe facilitarse ‘antes’ de la suscripción del documento y exponerse con absoluta transparencia. Debe detallar de manera comprensible la interrelación existente entre una elevada Tasa Anual Equivalente (TAE), los mecanismos de recomposición constante del capital disponible, el anatocismo (cobro de intereses sobre intereses vencidos) y demás cláusulas críticas que configuran el riesgo económico de la operación.
| «La información precontractual debe permitir al consumidor medio comprender el producto ofertado, tomar conciencia de los riesgos del plazo indefinido, el elevado tipo de interés, la recomposición del crédito y la escasa amortización con cuotas bajas, permitiéndole comparar distintas ofertas». |
En su análisis jurídico, la Sala Primera matiza que, si bien la falta de transparencia formal no deriva automáticamente en la nulidad por abusividad de toda cláusula en el ámbito general de la contratación, en las tarjetas ‘revolving’ dicha opacidad ‘no es inocua’. La falta de simulación de escenarios o de explicación clara de los plazos de amortización provoca un grave e injustificado desequilibrio en perjuicio del consumidor.
El Tribunal aclara que la información suministrada debe capacitar al cliente para valorar la carga jurídica y económica real que asume. Sin un conocimiento transparente de la escasa cuota amortizadora cuando se eligen pagos mínimos mensuales, el prestatario queda desprovisto de la capacidad de comparar ofertas de mercado de forma ponderada, viéndose abocado a una espiral financiera de la que resulta extremadamente difícil salir sin auxilio judicial.
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Las repercusiones económicas de estas sentencias son de gran magnitud. Al declararse la nulidad del contrato o de sus cláusulas financieras por falta de transparencia y abusividad, la entidad bancaria queda obligada a restituir al prestatario todas las cantidades percibidas en concepto de intereses, comisiones y prima de seguros que excedan del capital efectivamente dispuesto.
Según los datos operativos de reclamador.es, la horquilla de devolución media se sitúa habitualmente en torno a los 2.000 euros, alcanzando hasta 20.000 euros en contratos antiguos o en liquidaciones con un volumen elevado de disposiciones de crédito.
Para lograr la cancelación del contrato y la devolución del dinero cobrado indebidamente, los usuarios atrapados en este mecanismo deben acudir a la vía extrajudicial y, de no obtener respuesta satisfactoria de la entidad bancaria, interponer la correspondiente demanda judicial al amparo de la doctrina fijada por el Supremo.
abogada