COMUNIDADES. SOBRE LOS PATINETES ELÉCTRICOS: el fenómeno de la movilidad personal urbana ha experimentado una metamorfosis sin precedentes en la última década. Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), con el patinete eléctrico como estandarte, han transitado de ser considerados meros juguetes o dispositivos recreativos a consolidarse como herramientas fundamentales de transporte intermodal en las metrópolis españolas.
Sin embargo, esta disrupción tecnológica ha generado un vacío normativo de facto en el ámbito privado, provocando que las comunidades de propietarios se conviertan en el escenario de nuevos y complejos conflictos jurídicos.
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La convivencia en el régimen de Propiedad Horizontal se enfrenta hoy a desafíos que exceden la mera vecindad: la gestión de riesgos de incendio por baterías de litio, la ocupación de espacios de evacuación y, de manera eminente, la utilización fraudulenta de infraestructuras energéticas comunes.
Este análisis pretende desentrañar, desde una perspectiva dogmática y procesal, la respuesta que el ordenamiento jurídico español —específicamente la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y el Código Penal— ofrece ante estas nuevas realidades.
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La naturaleza de los elementos comunes, definidos genéricamente en el artículo 396 del Código Civil y desarrollados por la LPH, se fundamenta en su carácter instrumental para el adecuado uso y disfrute de las unidades privativas. La irrupción de patinetes eléctricos en portales, rellanos y cuartos de contadores altera la paz comunitaria y compromete la integridad de la finca.
No estamos ante un simple problema de «estética» o «comodidad», sino ante una potencial alteración de la seguridad jurídica y física del inmueble.
El pilar fundamental para la defensa de la comunidad frente a usos indebidos de VMP reside en el artículo 7.2 de la LPH.
Este precepto prohíbe taxativamente el desarrollo de actividades que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
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La peligrosidad asociada a los patinetes eléctricos no es una presunción abstracta, sino una realidad técnica documentada. Las baterías de iones de litio, especialmente aquellas que no han superado controles de calidad estrictos o que han sido manipuladas para aumentar su rendimiento, son susceptibles de sufrir fenómenos de «fuga térmica» (thermal runaway).
Este proceso genera incendios de altísima temperatura, difíciles de extinguir con medios convencionales y que emiten gases altamente tóxicos.
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Desde una perspectiva procesal, la presencia de patinetes cargándose en zonas comunes sin supervisión o el almacenamiento masivo en trasteros sin la ventilación adecuada habilitan al Presidente de la Comunidad para iniciar el procedimiento de la acción de cesación.
Este requiere un paso previo inexcusable: el requerimiento fehaciente (habitualmente mediante burofax) al infractor para la inmediata interrupción de la actividad.
De persistir la conducta, la Junta de Propietarios, debidamente autorizada, puede entablar una demanda civil que podría culminar, en los casos más graves, en la privación del derecho al uso de la vivienda o local por un tiempo determinado.
La LPH impone un catálogo de obligaciones positivas a los copropietarios. El artículo 9.1.a) exige el respeto a las instalaciones generales de la comunidad, mientras que el 9.1.b) obliga a mantener en buen estado de conservación la propia vivienda e instalaciones, de modo que no perjudiquen a la comunidad.
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La utilización de un patinete eléctrico que cause desperfectos en el pavimento del portal, manchas en las paredes de los pasillos o daños en el ascensor por dimensiones inadecuadas constituye un incumplimiento de este deber de conservación.
El comunero es responsable directo de los daños causados por su vehículo, y la Comunidad está facultada para repercutirle los costes de reparación de forma inmediata, sin perjuicio de la adopción de medidas prohibitivas para evitar la reincidencia.
El Código Técnico de la Edificación (CTE), a través de su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), establece las condiciones que deben cumplir los edificios para que sus ocupantes puedan abandonarlos en condiciones de seguridad.
La presencia de patinetes eléctricos en pasillos y rellanos —que actúan como vías de evacuación— contraviene frontalmente estas disposiciones.
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En caso de un incendio originado por una batería en un pasillo de distribución, el humo y las llamas bloquearían la salida de los vecinos de esa planta. Por tanto, la prohibición de estacionamiento en estas zonas no es una facultad arbitraria de la Junta, sino una exigencia derivada de la normativa de seguridad pública.
Las Administraciones de Fincas deben ser diligentes en señalar que la responsabilidad civil derivada de un siniestro en estas circunstancias recaería solidariamente sobre el infractor y, potencialmente, sobre la propia Comunidad por omisión de su deber de vigilancia.
Es imperativo distinguir entre la carga ilícita en enchufes comunes y el derecho legítimo a la movilidad eléctrica.
El legislador, mediante la reforma introducida por la Ley 19/2009, facilitó la instalación de puntos de recarga en los garajes comunitarios.
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Según el artículo 17.5 LPH, la instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico para uso privado en una plaza de aparcamiento individual solo requiere la comunicación previa por escrito al Presidente o Administrador.
No es necesaria la votación ni el permiso de la Junta. Sin embargo, este derecho está condicionado a:
- Que el coste de la instalación y el consumo de energía eléctrica sean asumidos íntegramente por el interesado.
- Que la instalación cumpla con la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT-52 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Cualquier conexión que no siga este cauce legal —como tirar un cable desde una vivienda hasta el garaje de forma precaria o conectarse a una toma de la zona de maniobra— se sitúa fuera del amparo de este artículo y puede ser objeto de retirada inmediata.
Uno de los puntos de mayor fricción es el uso de enchufes destinados al servicio de limpieza, alumbrado o mantenimiento para la recarga de VMP privados. Esta conducta trasciende el ámbito civil para adentrarse en la esfera penal.
El artículo 255 del Código Penal tipifica el delito de defraudación de fluido eléctrico. Comete este delito quien, mediante cualquier medio no autorizado, se apropia de energía ajena.
En el caso de las comunidades, el sujeto pasivo es el conjunto de los propietarios (la Comunidad) y el sujeto activo es el vecino que realiza la conexión.
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No es necesaria una manipulación sofisticada del contador; el mero «enganche» a una toma de corriente que no es propia, sabiendo que el coste será repercutido a terceros, integra el tipo penal.
El dolo reside en la voluntad de obtener un beneficio económico (el ahorro del coste de la carga) a costa del patrimonio comunitario.
El Código Penal distingue dos escenarios según la cuantía de lo defraudado:
Delito Leve de Defraudación: Si el valor de la energía defraudada no excede de 400 euros. Se castiga con una pena de multa de uno a tres meses. Es el supuesto más común en la recarga de patinetes, dado el bajo coste unitario por carga.
Delito Menos Grave: Si excede de 400 euros. Se castiga con multa de tres a doce meses. Este supuesto puede darse en situaciones de carga sistemática y prolongada, o cuando se cargan flotas de vehículos (como en el caso de actividades económicas no declaradas dentro de viviendas).
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Es fundamental advertir que, aunque la cuantía sea ínfima, la existencia de antecedentes penales por un delito leve es una consecuencia gravosa que los propietarios suelen desconocer al realizar estas prácticas.
Para que la Comunidad pueda actuar con contundencia, es esencial que su voluntad esté debidamente plasmada en sus normas internas.
Mediante este reglamento, aprobado por mayoría simple, la Comunidad puede regular los detalles de la convivencia cotidiana.
Es el instrumento ideal para prohibir el estacionamiento de patinetes en el portal o el uso de los enchufes de las zonas comunes para fines privados. Estas normas obligan a todos los ocupantes (propietarios e inquilinos).
Si se pretende establecer una prohibición de mayor calado —como prohibir el acceso de VMP a los ascensores o a determinadas zonas del edificio por motivos de seguridad—, se recomienda una modificación estatutaria. Dado que esto afecta al título constitutivo, el régimen general requiere la unanimidad.
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No obstante, si se plantea como una limitación de uso de servicios comunes para garantizar la seguridad general, se podría argumentar la aplicación de mayorías cualificadas (3/5) dependiendo de la interpretación jurisprudencial del caso concreto.
CUADRO COMPARATIVO: TRATAMIENTO LEGAL DEL USO DE VMP:
| Contexto de Actuación | Calificación Jurídica | Fundamentación Normativa | Consecuencia / Procedimiento |
| Carga en plaza de garaje (con instalación propia) | Ejercicio de derecho legítimo | Art. 17.5 LPH / ITC-BT-52 | Comunicación previa al Presidente. Sin coste para la comunidad. |
| Conexión a toma de corriente comunitaria | Defraudación de fluido eléctrico | Art. 255 Código Penal / Art. 9.1 LPH | Denuncia penal y reclamación civil de daños y perjuicios. |
| Estacionamiento en zonas de tránsito (pasillos/portales) | Infracción de seguridad y convivencia | Art. 7.2 LPH / DB-SI del CTE | Requerimiento de retirada y Acción de Cesación civil. |
| Carga en trasteros o zonas sin ventilación | Actividad peligrosa (Riesgo incendio) | Art. 7.2 LPH / Ley de Industria | Acción de cesación y posible denuncia ante bomberos/protección civil. |
| Daños en elementos comunes por transporte de VMP | Responsabilidad civil extracontractual | Art. 1902 Código Civil / Art. 9.1 LPH | Obligación de reparación o resarcimiento económico. |
La gestión proactiva es la mejor herramienta para evitar la escalada de conflictos y los riesgos físicos en el inmueble. Se proponen las siguientes pautas de actuación profesional:
- Circular Informativa Especializada: No basta con una nota genérica. Se debe emitir una circular técnica que explique los riesgos de incendio, la prohibición de uso de enchufes comunes y la tipificación penal de la defraudación.
- Protocolo de Identificación: Ante la detección de un patinete en zonas comunes, el conserje o el personal de limpieza debe documentar (fotografía) la infracción y dar aviso inmediato a la Administración.
- Inclusión en el Orden del Día: Se debe someter a votación la actualización de las Normas de Régimen Interior para incluir un capítulo específico sobre VMP, detallando sanciones y prohibiciones de estacionamiento.
- Instalación de Avisos Legales: Colocar cartelería cerca de las tomas de corriente comunitarias advirtiendo expresamente de que su uso no autorizado será denunciado ante las autoridades policiales por posible infracción del art. 255 del Código Penal.
- Mediación Pre-Procesal: Antes de acudir a la vía judicial, es recomendable convocar al infractor a una reunión con el Presidente y el Administrador para advertirle de las consecuencias legales y ofrecerle la alternativa legal del artículo 17.5 LPH si dispone de plaza de garaje.
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En definitiva, la integración del patinete eléctrico en la Propiedad Horizontal no puede quedar al arbitrio de la voluntad individual. La ley ofrece mecanismos robustos para proteger la seguridad y el patrimonio de la comunidad; solo se requiere una aplicación rigurosa, técnica y decidida de los mismos por parte de los órganos de gobierno de la finca.
La seguridad colectiva y el respeto al gasto común deben prevalecer sobre la conveniencia logística del propietario de un VMP.
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