BANCARIO: EL GOBIERNO INTERVENDRÁ EN LAS COMISIONES BANCARIAS Y DARÁ ALAS A UN ALUD DE RECLAMACIONES. Comisiones por mantenimiento de cuenta, por emisión de tarjetas, por gestión de fondos de inversión… y ahora también por sacar dinero en ventanilla. La banca generaliza el cobro por servicios que antes en bastantes casos eran gratuitos y eso ha terminado por encender a los consumidores, pero no solo. El Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón, intervendrá en la escalada de costes que las entidades cargan al cliente. Pero no lo hará de manera directa -no puede, a nivel técnico y de competencias- sino generando el marco idóneo para que los usuarios litiguen contra el sector.
El ministerio está preocupado por la escalada de las comisiones sin que nadie pueda hacer nada; según datos del INE, el incremento interanual en noviembre de 2021 fue del 10,6% , el mayor dato en 17 años. Es por ello que ya lleva semanas trabajando con el Banco de España en su solución para intervenir ante esta situación. La decisión sobre lo que hacer está tomada, con o sin el visto bueno del supervisor ya que el ministerio entiende que no puede quedarse parado. Todo pasa, según fuentes de Consumo, por convertir en vinculantes las reclamaciones que se interpongan ante el Banco de España.
Ahora los clientes pueden presentar una controversia contra un banco ante la institución dirigida por Pablo Hernández de Cos, pero hasta la fecha sus decisiones no son vinculantes, lo que implica que las entidades no están obligadas a rectificar su conducta. En todo caso, el banco debe informar al supervisor si acepta los criterios que se manifiestan en el informe que emita el Banco de España y si decide rectificar o no la conducta analizada. Si la entidad reclamada no acata la resolución, el consumidor puede acudir ya a la vía judicial.
El problema, según manifiestan fuentes del ministerio, es que nadie va a llegar a los tribunales por una comisión bancaria de tres euros por sacar dinero en ventanilla, aunque se trate de un usuario vulnerable. Lo que en la práctica supone que el cliente se disuade a sí mismo de seguir adelante con su pelea. Todo ello se solventaría, según fuentes de Consumo, haciendo vinculantes las decisiones del supervisor.
Esto en la práctica supone que desde el ministerio se dará vía libre a los consumidores para reclamar las comisiones que consideren indebidas a la banca. Un alud de quejas que supondría un duro golpe para las entidades que pierdan los casos. Estas rechazan de plano todo este planteamiento.
El ministerio se escuda en que adoptará esta decisión en 2022 para cumplir con la transposición de una directiva, pero fuentes bancarias lo rebaten con que Europa no dice que las respuestas del Banco de España deban ser vinculantes. Y añaden: «El riesgo al hacerlo vinculante es que puede aumentar la litigiosidad, que es precisamente lo que trata de evitar la directiva europea».
La banca se defiende con que los datos de reclamaciones «ya muestran cómo los bancos atienden las recomendaciones de las autoridades». Lo cierto es que las atienden en un 70%, y hay un 30% que se rechazan por no ser vinculantes las resoluciones del supervisor. Respecto a las reclamaciones, las hipotecas centraron la mayor parte de las quejas (26,9% del total), según la memoria de 2020 del supervisor; le siguieron las tarjetas, con un 26,4% de las reclamaciones; y, por último, se situaron las críticas hacia los abusos en las cuentas y depósitos (19,7%), especialmente por las relativas al cargo de comisiones.
Fuentes financieras también resaltan que las comisiones lo que tienen que reflejar son «servicios efectivamente realizados» y cuyo contenido sea transparente, como advirtió también el Banco de España recientemente.
El gobernador De Cos, por su parte, también destacó hace poco que el hecho de que sus informes no sean vinculantes «limita la eficacia del sistema» y que, por tanto, ese hecho «debería ser objeto de reflexión» de cara a cambiar la regulación, como planea Consumo. Asimismo, afirmó que «sería importante desde el punto de vista reputacional y de mejora de las relaciones con sus clientes que las entidades aceptaran con carácter generalizado las resoluciones del Banco de España», lo cual no ocurre en casi uno de cada tres casos.
De Cos, en suma, lo que hace es también abrir el debate público sobre su poder frente a la banca. Porque hay reclamaciones de todo tipo sobre el sector: hipotecas, tarjetas, comisiones… Es por ello que, según confirma este periódico, Consumo lleva tiempo debatiendo con el Banco de España para hacer este cambio legislativo.
Las asociaciones de consumidores consultadas coinciden en aseverar que la regulación actual se queda corta a la hora de fijar cierto control a las prácticas de las entidades. Desde Adicae insisten en que llevan años reclamando la necesidad de que las resoluciones del Banco de España sean vinculantes y lo asumen como una reivindicación histórica. «El propio Banco de España reconoce que este 2021 será récord en reclamaciones: esto es una señal de que las cosas no están funcionando bien», pronostican.
Asimismo, en esta asociación de consumidores creen que la implantación de la figura de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero será la solución a muchos de los problemas que sufren hoy día los clientes. Y fuentes de Adicae opinan que esta figura debe servir para desbloquear todas las reivindicaciones de los consumidores bancarios, ya que está previsto que los dictámenes que emita sean también de obligado cumplimiento. Aun así, es algo que todavía permanece atascado.
Respecto a las comisiones bancarias, las mismas fuentes exigen que la normativa sea muy garantista y precisa a la hora de fijar cuáles son los márgenes concretos para su aplicación y para examinar su posible abusividad. En opinión de los portavoces de Adicae, la inconcreción normativa sobre todo en lo referente a «servicios efectivamente prestados» facilita que las entidades apliquen comisiones por aspectos básicos de la operativa bancaria que no son realmente «servicios prestados» o que, además, se justifiquen en base a gastos inexistentes. «Este el caso de la comisión de apertura en préstamos y créditos o el recargo que se está aplicando a servicios básicos como la retirada de efectivo en ventanilla», añaden.
A día de hoy, los consumidores pueden optar por utilizar la resolución a favor del Banco de España para acudir a los tribunales y presentarlo como una opinión de autoridad en una causa judicial. Estos informes también constituyen una serie de indicios de cara a la supervisión que realiza el regulador, quien tiene capacidad para iniciar procedimientos de inspección, que pueden derivar en multas. Respecto a esto último, desde Facua abogan por elevar las sanciones. «Las multas son muy reducidas y se aplican en muy pocas ocasiones, por ello, la banca no deja de cometer irregularidades. La clave está en que las sanciones sean más habituales y mucho más elevadas», considera, por su parte, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.
Asimismo desde Facua recuerdan que ya iniciaron una ofensiva hace unas semanas para exigir al Ministerio de Asuntos Económicos y al de Consumo que se limitaran las comisiones a los consumidores considerados como vulnerables, especialmente en el caso de los recargos por retirada de efectivo en la ventanilla cuando la utilización de un cajero no es posible. Consumo sí recogió el guante y buscará poner coto a las comisiones dando más poder al supervisor.