COMUNIDADES: LA VIDEOVIGILANCIA: el Tribunal Supremo frena la videovigilancia privativa en zonas comunes: las mirillas digitales no pueden captar los pasillos comunitarios.
Analizamos la Sentencia 1166/2025 de la Sala de lo Civil: el uso de cámaras con sensor de movimiento en puertas particulares vulnera el derecho a la intimidad y la Ley Orgánica de Protección de Datos:
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Un conflicto emergente en la convivencia vecinal y la seguridad privada. La proliferación de dispositivos tecnológicos de seguridad de uso doméstico ha situado a las comunidades de propietarios en el centro de intensos debates jurídicos sobre los límites entre la autoprotección privada y la privacidad de los vecinos. En una trascendental resolución, la Sentencia 1166/2025, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón a una comunidad de propietarios que demandó a un vecino por instalar un dispositivo electrónico de mirilla digital provisto de cámara y sensor de movimiento en la puerta de acceso a su vivienda.
El fallo del Alto Tribunal ratifica la ilegalidad de estos sistemas cuando su campo de visión invade zonas comunes de tránsito vecinal sin contar con el consentimiento de la junta ni cumplir los estrictos requerimientos de la normativa sobre protección de datos. La sentencia fija un precedente jurisprudencial de gran calado al clarificar que el deseo individual de controlar la entrega de paquetería o de reforzar la seguridad doméstica no puede imponerse al derecho fundamental a la intimidad del resto de los residentes de un edificio.
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El origen del litigio: captación automatizada y conflicto de proximidad. El caso surgió tras la decisión de un comunero de sustituir la mirilla tradicional de su vivienda por un dispositivo digital dotado de grabación automatizada por detección de movimiento.
El propietario justificó la instalación en la necesidad de monitorizar las entregas de paquetes comerciales que los repartidores depositaban en el felpudo de su puerta [cite: 20]. Sin embargo, la configuración del pasillo comunitario, donde las puertas de otros inmuebles colindantes se ubicaban a menos de metro y medio de distancia, provocaba que el sensor se activase continuamente.
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Cada vez que un vecino o visitante transitaba por el distribuidor de la planta, el dispositivo fotografiaba y grababa el movimiento.
De manera aún más gravosa, la cercanía de las viviendas colindantes permitía que la cámara captase no solo la circulación por el pasillo común, sino también el interior de los pisos vecinos cada vez que sus habitantes abrían la puerta de entrada.
Ante la negativa reiterada del propietario a retirar o reconfigurar el aparato tras las quejas iniciales, la junta de propietarios aprobó formalmente la interposición de una demanda civil por intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar.
| «El control de paquetería privada no justifica la intromisión constante en la intimidad de los vecinos. La captación de imágenes en zonas comunes requiere someterse al juicio de proporcionalidad y cumplir estrictamente con el artículo 22.1 de la LOPDGDD». |
El juicio de proporcionalidad y las garantías de la LOPDGDD. Al someter la controversia a un riguroso juicio de proporcionalidad, el Tribunal Supremo determinó que el sistema implantado resultaba manifiestamente idóneo para vulnerar la intimidad de los residentes e innecesario para el fin pretendido. La Sala valoró que el edificio contaba con servicio de conserjería y con un recinto cerrado sin antecedentes ni situaciones objetivas de inseguridad o vandalismo que justificasen la monitorización.
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Asimismo, el fallo advirtió sobre el incumplimiento directo del artículo 22.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). El dispositivo carecía de mecanismos técnicos para limitar o regular el acceso a las imágenes grabadas, las cuales quedaban bajo el control exclusivo e incontrolado del propietario. La falta de carteles informativos sobre la existencia de videovigilancia y la ausencia de consentimiento de los afectados viciaron irremediablemente de ilicitud dicho tratamiento de datos.
Conclusiones y límites para la instalación de mirillas digitales. La Sentencia 1166/2025 del Tribunal Supremo establece una doctrina clara sobre las condiciones en que las mirillas digitales pueden ser legalmente utilizadas en propiedades horizontales. Para que estos dispositivos resulten ajustados a derecho, no deben grabar de forma continuada ni activarse por detección de movimiento orientada hacia los pasillos o espacios compartidos.
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El uso de mirillas electrónicas debe limitarse a la función pasiva tradicional: encenderse únicamente bajo petición manual y directa de quien se encuentra dentro de la vivienda para verificar quién llama a la puerta, sin almacenar imágenes ni enfocar zonas privativas ajenas. Cualquier uso que exceda este marco requiere la autorización expresa de la comunidad de propietarios y el cumplimiento íntegro de la normativa de protección de datos, garantizando así la pacífica convivencia y el respeto a la intimidad colectiva.
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