BANCARIO. LA INDEMNIZACIÓN POR INCLUSIÓN INDEBIDA EN FICHEROS DE MOROSOS: la inclusión indebida de un ciudadano en un registro o fichero de morosos constituye, con carácter general, una intromisión ilegítima en su derecho fundamental al honor.
Tradicionalmente, la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictaminado que el daño moral derivado de este tipo de inscripciones se presume resarcible, imponiendo indemnizaciones disuasorias e indemnizatorias.
Sin embargo, en un reciente y relevante pronunciamiento del 12 de diciembre, el Alto Tribunal ha introducido un importante matiz ponderativo: cuando la deuda reclamada es totalmente real, persistente y responde a una morosidad objetiva del afectado, la indemnización por falta de requerimiento previo debe moderarse para evitar un enriquecimiento injusto.
El litigio trae su causa de la demanda interpuesta por un ciudadano contra una entidad acreedora por haber incorporado sus datos personales a un fichero de morosidad.
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La Audiencia Provincial de Castellón declaró la existencia de una vulneración del derecho al honor del afectado, motivada exclusivamente por un defecto formal: la entidad acreedora no había efectuado el requerimiento previo de pago de manera fehaciente antes de proceder a la comunicación de los datos al registro.
Por dicha infracción formal, la Audiencia Provincial fijó una indemnización de 1.500 euros a favor del demandante. Disconforme con la cuantía al considerarla meramente simbólica, el afectado interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En su escrito, alegaba que la cifra fijada no reparaba de forma adecuada el daño reputacional sufrido, teniendo en cuenta la prolongada permanencia de sus datos en el fichero, el elevado número de consultas realizadas por terceras entidades financieras y los perjuicios de índole tributaria y crediticia que la situación le había ocasionado.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimó el recurso del ciudadano y ratificó íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón.
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En su fundamentación, el Alto Tribunal sostiene que la cuantía indemnizatoria de 1.500 euros resulta proporcionada al caso concreto y no debe incrementarse en aquellos supuestos en los que el alta en el fichero responda a una situación objetiva de impago.
Entre las claves jurídicas destacadas por el fallo, destacan las siguientes:
- Conducta persistente de morosidad: el Tribunal constató que el impago no obedecía a un simple error bancario, un despiste puntual o un desacuerdo legítimo sobre la cuantía reclamada, sino a una negativa o imposibilidad reiterada de pago. La deuda se mantuvo en el tiempo sin ser cuestionada ni corregida por el deudor, a pesar de las reclamaciones extrajudiciales y de los procedimientos monitorios y de ejecución promovidos en su contra.
- Inexistencia de un verdadero perjuicio reputacional: dado que el afectado era efectivamente moroso de forma continuada, la publicación de sus datos reflejaba su verdadera situación patrimonial. Por tanto, la afectación real a su esfera personal o reputacional resulta mínima o nula, dado que el descrédito derivaba de su propia conducta de impago y no de una imputación falsa.
- Prohibición del enriquecimiento injusto y del efecto incentivador: otorgar una indemnización elevada por un mero vicio o defecto en la notificación previa en supuestos de morosidad real generaría un efecto distorsionador. Según el tribunal, equivaldría a «premiar» al deudor moroso a pesar de ser su propio comportamiento el que explica de manera objetiva la situación que motivó la inclusión en el fichero.
El requerimiento previo de pago es una garantía formal regulada en la normativa de protección de datos personales (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales – LOPDGDD).
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Su finalidad es dar al deudor la oportunidad de saldar la deuda o de impugnarla antes de que sus datos sean cedidos a un fichero de solvencia patrimonial.
No obstante, la jurisprudencia aclara que el incumplimiento del requerimiento previo genera una vulneración del derecho al honor, pero la cuantificación del daño moral subsiguiente debe ser modulada caso por caso atendiendo al contexto fáctico:
- Deudas inciertas, disputadas o inexistentes: si la deuda es falsa o está válidamente discutida, la inclusión en el fichero constituye una grave intromisión ilegítima, justificando indemnizaciones de cuantía superior por el impacto directo e injustificado en el honor del afectado.
- Deudas reales y no disputadas: cuando la deuda es cierta, vencida y exigible, pero omite el trámite formal del requerimiento, se reconoce la vulneración del derecho, pero la indemnización se modera sensiblemente al no haber falseamiento de la realidad patrimonial.
Cuadro comparativo: Criterios indemnizatorios en ficheros de morosos:
| Factor de Evaluación | Deuda Inexistente / Disputada | Deuda Real y Persistente (Caso Analizado)
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| Naturaleza del Impago | Inexistente, ya saldada o sujeta a controversia legítima. | Cierta, vencida, exigible y no abonada por el deudor. |
| Afectación al Honor | Alta. Imputación falsa de insolvencia y pérdida injustificada de crédito. | Baja / Mínima. La información refleja la realidad objetiva del deudor. |
| Efecto del Requerimiento Previo Omiso | Sustancial. Priva al afectado de corregir un error o defenderse de un cobro indebido. | Defecto formal. No altera el hecho de que la deuda es real y conocida. |
| Orientación Indemnizatoria | Cuantías elevadas con función reparadora y disuasoria frente al acreedor. | Cuantías moderadas (p. ej. 1.500 €) para evitar el enriquecimiento injusto del moroso. |
Esta sentencia fija una pauta de equilibrio en la litigiosidad sobre ficheros de solvencia patrimonial.
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Por un lado, mantiene la vigencia de las garantías formales exigidas a las entidades acreedoras, sancionando la omisión del requerimiento previo de pago; por otro lado, impide que el ejercicio de acciones por vulneración del honor sea instrumentalizado para obtener compensaciones económicas desproporcionadas cuando la morosidad sea cierta e incontestable.
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Para los despachos de abogados y asesores jurídicos, el fallo recalca la necesidad de analizar de forma rigurosa la naturaleza y certidumbre de la deuda antes de interponer reclamaciones indemnizatorias de gran cuantía, ponderando la conducta previa del cliente frente a las reclamaciones del acreedor y en el seno de los procedimientos de ejecución o monitorios.
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