CONSUMIDORES. Telecomunicaciones, finanzas y suministros, sectores que acaparan más sanciones por protección de datos. Las empresas de telecomunicaciones (51% del total), las entidades financieras (17%), las empresas encargadas del suministro y comercialización de energía o agua (8,7%) y las comunicaciones electrónicas comerciales –spam- (6,5%), son las actividades que acaparan las sanciones de mayor cuantía impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) durante 2015.
Sin embargo, mientras que estas cifras reflejan una notable disminución en comparación con las relativas a 2014 por lo que se refiere a telecomunicaciones (-34%) y suministros (-35%), ha aumentado el volumen declarado de las sanciones impuestas a entidades financieras (18,7%) y por infracciones por spam (que aumenta un 39%).
Así lo pone de manifiesto la Memoria 2015 que acaba de publicar la AEPD y de la que cabe extractar también los siguientes datos significativos:
Más denuncias presentadas y más reclamaciones resueltas
El análisis de esta actividad anual refleja un incremento en el número de denuncias y reclamaciones resueltas. Así, en 2015 se han resuelto 10.871 denuncias frente a las 9.404 resueltas en 2014 (+15,60%).
En cuanto a las reclamaciones de los ciudadanos para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), se han resuelto 2.113 en 2015 frente a las 1.818 de 2014 (+16,23).
De estos datos se desprende que ha habido un incremento medio en la resolución de reclamaciones y denuncias de un 15,70% respecto a 2014. En lo que respecta a denuncias y reclamaciones planteadas ante la AEPD por los ciudadanos en 2015, se han recibido un total 10.571, una cifra que supone una consolidación con respecto a años anteriores tras el repunte de 2014.
Inclusión indebida en ficheros de morosidad y contratación irregular de servicios
Entre las principales reclamaciones presentadas ante la AEPE por los ciudadanos destacan la inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular en servicios.
En concreto, uno de cada tres afectados denunció ante la AEPD cuestiones relacionadas con el ámbito de la morosidad, en particular la inclusión en ficheros comunes, la reclamación de deudas impagadas o la contratación irregular en servicios ofrecidos por operadores de telecomunicaciones, entidades financieras o compañías energéticas.
Según la Agencia, la inclusión indebida en ficheros de morosidad produce unos efectos especialmente negativos para los afectados, por los que las empresas deben extremar su diligencia antes de comunicar una información inexacta.
En este sentido, el Plan Estratégico 2015-2019 de la Agencia, del que se recogen las líneas principales en la Memoria, incluye una serie de actuaciones centradas tanto en trabajar con las empresas para que mejoren sus políticas de protección de datos en este ámbito como en orientar al ciudadano sobre qué puede hacer para reclamar sus derechos.
Estas medidas incluyen, además de reuniones con los principales sectores infractores para resolver las deficiencias constatadas y auditar la implantación de soluciones, una actualización del plan sectorial de oficio sobre control de datos en contratación telefónica, la elaboración de una Guía para la presentación de quejas y reclamaciones en telecomunicaciones, la colaboración con Administraciones y organizaciones sociales orientadas a la protección de los consumidores y usuarios, y la elaboración de fichas prácticas para los ciudadanos.
Menos sanciones y más apercibimientos
Según esta memoria, las resoluciones declarativas de infracción han descendido un 5% y el total de las sanciones económicas impuestas en 2015 ha disminuido un 19,35% (13.712.621 euros) con respecto a 2014.
Entre las principales causas de esa disminución se sitúa un descenso (-8,7%) en las infracciones declaradas con sanción económica y la utilización de la figura del apercibimiento (+26%) para casos en los que no se impone sanción económica al tratarse fundamentalmente de particulares y pymes a los que se aplican los criterios de disminución de culpabilidad y antijuridicidad exigidos en la LOPD, así como el requisito de no haber sido sancionados o apercibidos previamente.
En este sentido la Agencia destaca también el dato de que un 76% de las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la AEPD, confirmaron los criterios de la Agencia en cuanto al fondo del asunto.
En el caso de las Administraciones Públicas, en 2015 se ha producido un ascenso del 11,7% en el número de infracciones declaradas, con un incremento del 30% en los procedimientos resueltos, es decir, 78 procedimientos resueltos han dado lugar a 57 declaraciones de infracción.
Ejercicio del “derecho al olvido”
En el caso de los procedimientos de tutela por el denominado derecho al olvido frente a buscadores, reconocido inicialmente por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 y hoy incorporado al Reglamento Europeo de protección de datos, la Agencia ha dictado 371 resoluciones, en las que se ha estimado la petición del ciudadano en 157 ocasiones y desestimado en 82. En 131 casos la petición se ha inadmitido, ya que los reclamantes no se habían dirigido con anterioridad al buscador solicitando la cancelación de los datos tal y como exige la legislación.
Registro de ficheros
2015 finalizó con más de 4,1 millones de ficheros inscritos, cifra que supone un incremento de casi un 10% respecto al cierre del año anterior. De ellos, 3.950.620 ficheros son de titularidad privada (96,17%) y 157.324 de titularidad pública (3,82%).
Procedimiento de cancelación
En lo relativo a los procedimientos resueltos iniciados a instancia de ciudadanos que acuden a la Agencia reclamando la tutela de sus derechos –habiéndolo ejercitado previamente ante el responsable del tratamiento, que los ha denegado o no ha respondido- ocupan el primer lugar los procedimientos de cancelación (1.329) seguidos, por este orden, de los referentes al acceso (608), oposición (130) y rectificación (97).
Según la Agencia, estas cifras ponen de manifiesto, un año más, que los ciudadanos dan prioridad a que las entidades dejen de tratar sus datos personales cuando así lo solicitan.
Consultas de los ciudadanos
En 2015 se atendieron casi 220.000 consultas planteadas por los ciudadanos a través de diferentes canales (+10,6 respecto a 2014), de las que hay que destacar el aumento de las preguntas realizadas a través de la Sede electrónica de la Agencia, con un incremento del 23,6% respecto al año anterior.
Informes de la AEPD
El gabinete jurídico de la AEPD emitió el pasado año 485 informes en los que dio respuesta a consultas planteadas tanto por órganos de Administraciones Públicas (305) como por entidades privadas (180).
En cuanto a informes preceptivos, aquellos que tienen como finalidad integrar los principios y garantías del derecho fundamental a la protección de datos en las regulaciones sectoriales, la Agencia realizó en 2015 un total de 146.
Plan Estratégico 2015-2019
La Agencia presentó en noviembre de 2015 su Plan Estratégico 2015-2019, tras haber recibido en la fase de consulta pública casi 400 aportaciones de ciudadanos, responsables de tratamiento, expertos en protección de datos y organizaciones públicas y privadas. En las acciones llevadas a cabo durante 2015 y recogidas en la Memoria destacan las actuaciones de prevención en materia de educación y protección de los menores, con el lanzamiento de varios canales de comunicación dirigidos a jóvenes, padres y profesores; una nueva versión de la web Tú decides en internet; y materiales como las guías No te enredes en internet, orientada a menores, y Guíales en internet, para padres y profesores.
Asimismo, a finales de 2015, la Agencia creó una Unidad de admisión a trámite de las reclamaciones de los ciudadanos, encargada específicamente de analizar las denuncias recibidas para permitir, en un breve lapso temporal desde su presentación, indicar las evidencias en la que la colaboración del reclamante es necesaria para fundar la reclamación, ofreciendo información sobre cómo pueden obtenerlas. La creación de esta Unidad tiene como objetivo mejorar la gestión y la atención a los ciudadanos.
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