ANA MORIYÓN | OVIEDO. 10 enero 2016. Si ya había dudas fundadas sobre la presencia de José Ángel Fernández Villa mañana lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo para responder por la querella del SOMA, un nuevo informe presentado a última hora por la acusación no ha hecho más que alimentar la posibilidad de que esta declaración sea finalmente suspendida.
El sindicato minero, cuyos intereses defiende el bufete de abogados Ontier, registró al filo de las dos de la tarde del viernes un escrito complementario al informe pericial inicial. Aporta documentación original y nueva información que no constaba hasta el momento en el auto y que, en su día, había sido reclamada expresamente por la defensa del exdirigente sindical. Sin embargo, el hecho de que toda esta documentación haya sido presentada en el juzgado que instruye el caso a última hora y que las partes no puedan tener acceso a la misma hasta el mismo lunes -día en el que están llamados a declarar los dos imputados, el propio Fernández Villa y Pedro Castillejo- podría justificar la suspensión de ambas citaciones por parte de la jueza. Por el momento, ni siquiera ella ha tramitado la documentación y, como consecuencia, no ha resuelto sobre si la admite o no a trámite.
La defensa de Castillejo, a cargo del bufete de Alfredo García López, confirmó ayer a este diario que solicitará la suspensión de la declaración de su cliente ya que entiende que éste no puede responder sobre unos documentos que no obran en su poder. Ana G. Boto, abogada de Fernández Villa, ya presentó el pasado 27 de noviembre, diez días después de que la jueza citara a declarar a su cliente en calidad de imputado, un recurso de reforma y subsidiario de apelación para reclamar la suspensión de la citación, al entender que las acciones estaban prescritas y que el sindicato no estaba legitimado para presentar la querella. Aquel recurso fue desestimado por la jueza, que decidió seguir adelante con las diligencias, pero parece probable que la defensa de Villa vuelva ahora a tratar de aplazar su comparecencia ante este nuevo escenario. La declaración de Villa mañana lunes está pendiente también de las conclusiones del informe forense sobre su estado de salud solicitado de forma urgente por la magistrada tras alegar su representante legal que sufre «padecimientos médicos irreversibles» que le impiden acudir al juzgado.
La defensa de Castillejo confirmó ayer que pedirá el aplazamiento de su declaración.
La documentación que aportó la acusación el pasado viernes, y a la que aún no han tenido acceso las partes, incluye extractos bancarios de las cuentas del sindicato, notas de gastos de caja y transferencias en beneficio de los dos imputados, acusados de un delito de apropiación indebida. El SOMA sigue reclamando a José Ángel Fernández Villa 359.911 euros, aunque con la nueva documentación aportada incrementa en 4.000 euros (hasta 72.000 euros) la cantidad que, a través del Instituto para la Formación, Investigación, Documentación y Estudios Sociales (Infide), le requiere por gastos sin justificar a Pedro Castillejo, quien fuera exsecretario de este ente.
«Contabilidad llena de errores»
El letrado Alfredo García López ya ha adelantado que basará la defensa de Castillejo en la auditoría que encargó el SOMA a raíz del escándalo en torno a la fortuna oculta de Villa y en la que se sostiene la propia querella. En esta documentación el contable del Infide, Juan Cigales León, reconoce que Castillejo le pasaba «periódicamente cada tres o cuatro meses» las hojas justificativas de los gastos, pero que dichos documentos «o bien están integrados en facturas de actos que organizaba el SOMA-UGT, o bien se extraviaron o no se registraron adecuadamente en la contabilidad». De hecho, según esta misma auditoría, la contabilidad de este organismo «está llena de errores tanto de mera técnica contable como de falta de documentación». El informe advierte incluso de que «una gran parte de los gastos incurridos no están relacionados con el objeto social» y realiza una enumeración detallada de pagos mediante tarjetas bancarias o registros de disposiciones de caja que después no se justifican y que atribuye no sólo a los dos imputados, sino también a otras personas con cantidades similares a las de los acusados.
Tal y como asegura el letrado Alfredo García López, de este documento se extrae que el propio contable de Infide, Juan Cigales, habría gastado 29.862 euros sin justificar mientras que Amalio Fernández, secretario general de la junta de administración del SOMA, se habría beneficiado de otros 38.679 euros.
La declaración de Villa en el aire también por nuevos documentos del SOMA