PENAL. LA ESTAFA DE LOS ‘VENDEDORES DE ENCICLOPEDIAS’

7 septiembre, 2022
PENAL. LA ESTAFA DE LOS ‘VENDEDORES DE ENCICLOPEDIAS’

PENAL. LA ESTAFA DE LOS ‘VENDEDORES DE ENCICLOPEDIAS’: que atrapaban en deudas a ancianos de todo el país. La Guardia Civil detiene a siete personas que tenían archivos con datos personales que cribaban para seleccionar a sus víctimas, a las que amenazaban con que perderían la pensión.

«Mamá, te van a llamar ahora de la financiera y te van a preguntar si eres María García —nombre ficticio— y si estás de acuerdo con la compra. Tú di que sí, que aceptas todo». Esta es la recreación de uno de los episodios que se describen en la causa que mantiene abierta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Antequera en torno a una organización criminal compuesta por vendedores de enciclopedias, libros y otros productos del hogar que supuestamente ha estafado por toda España a decenas y decenas de personas especialmente vulnerables.

 

Muchas de ellas, con sus facultades mentales mermadas; otras, que a duras penas sabían leer o escribir; algunas, con problemas de visión o movilidad. Víctimas que quedaban atrapadas en una espiral de créditos, con la obligación de abonar cuotas que debían soportar con sus pensiones o ayudas y que en ocasiones «no tenían para comer».

 

En la cúspide del entramado: José Carlos M. G. Un ‘comercial’ con don de gentes, labia y actitud confiada. Bien vestido y maneras educadas para engatusar a objetivos previamente seleccionados para ofrecerles colecciones editoriales y otros bienes que acababan atándolos a compañías financieras. Tras su detención, ingresó en prisión, junto a su socio, acusado de cuatro cargos.

 

La investigación, sobre la que se ha levantado el secreto, ha permitido localizar a aproximadamente 230 posibles víctimas en puntos del país como Málaga, Ciudad Real, Córdoba, Toledo, Almería o Madrid, y se han tramitado numerosas denuncias.

 

El importe supuestamente defraudado por los detenidos ronda los 350.000 euros únicamente en el último año, periodo en el que el Equipo de Policía Judicial de la Compañía de la Guardia Civil de Ronda ha centrado las pesquisas, pero que se piensa que podría ser mucho más elevado porque existe la sospecha de que la organización llevaría tiempo actuando.

 

La persona que puso a los investigadores sobre la pista de José Carlos y sus colaboradores fue una mujer que se desplazó al puesto rondeño para explicar que un individuo se había presentado en su casa afirmando ser un abogado y advirtiéndole que se había comprometido a adquirir una colección de libros. Y que, en caso de rechazarla o no satisfacer los pagos, debería afrontar una penalización que podía llegar a alcanzar los 6.000 euros y acarrear el embargo de su pensión.

 

Los investigadores decidieron seguir profundizando en la empresa a través de la que se comercializaban los productos editoriales y en las sociedades que financiaban las operaciones de compraventa. Las indagaciones se prolongaron durante meses y fueron desvelando un ‘modus operandi’ del que se acabarían desprendiendo delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil y organización criminal.

 

Un trabajo que finalizaría con la ejecución de seis entradas y registros en domicilios y empresas, entre las que se encuentra una vivienda del municipio malagueño de Rincón de la Victoria, en la que residía el principal investigado. Allí se localizó una ingente cantidad de documentación que mantiene con vida la investigación.

 

Los arrestados se habían hecho con numerosos datos personales de ciudadanos entre los que seleccionaban a sus posibles víctimas. Fuentes judiciales consultadas señalaron que se han descubierto —por ahora— cinco archivos informáticos de gran peso con listados y listados de información sensible de personas que en el pasado habían hecho alguna compra de productos editoriales o para el hogar.

 

Las páginas mostraban «nombres, apellidos, DNI, direcciones, teléfonos, cuentas bancarias y cuantía de los pagos». Como ejemplo del volumen de documentación que habían obtenido, tener en cuenta que un único soporte contiene registros de más de 20.000 personas.

 

Las fuentes consultadas explicaron que los investigados «cribaban» las listas para extraer un perfil concreto de posibles víctimas: personas de edad avanzada —»octogenarios», si podía ser—, que viviesen solas y vulnerables.

 

En la selección supuestamente no dudaron en incluir, en su mayoría, a gente que tenía sus facultades mentales y físicas mermadas, incapaces de discernir si estaban siendo estafadas y que, en ocasiones, tenían problemas para recordar rostros e identidades. Varias personas con las que había contactado la red presentaban dificultades para leer o escribir.

 

Los responsables del caso fueron contactando con ellas y, gracias a su testimonio, lograron desgranar la forma de actuar de unos presuntos estafadores a los que la autoridad judicial acabaría reprochando la «reiteración delictiva sobre las víctimas».

 

Porque, cuando una caía en sus redes, la exprimían hasta la saciedad, encadenando financiaciones sin importarles que algunas de esas personas, incapaces de percatarse de lo que estaba ocurriendo, tenían serias dificultades hasta para poder comprar comida o hacer frente al pago de los suministros básicos para subsistir.

 

Los investigados no eran comerciales que se dedicaban a hacer ventas a domicilio, a pesar de que ellos aseguraban que sí, sino que los responsables del caso han concluido que elegían a los objetivos potenciales de entre los listados que en ocasiones indicaban hasta las circunstancias de vulnerabilidad que poseían. «Ellos no iban a un edificio y llamaban a todas las puertas para ofrecer sus productos. 

 

Se dirigían a una vivienda concreta, en la que residía Pepito Pérez y sobre el que tenían una información concreta», explicaron las fuentes consultadas, que calificaron como «demasiada casualidad» que todos sus ‘clientes’ fuesen «ancianos, pensionistas y, en general, personas que presentaban circunstancias de vulnerabilidad».

 

El organigrama de la red dibujado por los agentes de la Guardia Civil sitúa a José Carlos M. G. en la cúspide. Este contaba con dos socios estrechos: uno en Málaga, que ha ingresado en prisión junto a él, y otro en Ciudad Real. Después estaban otros dos ‘comerciales’ que también visitaban a las víctimas y un grupo de ‘colaboradores’.

 

El supuesto cabecilla se presenta como un hombre de mediana edad, hábil en ese tipo de relaciones empresariales y capaz de desplegar en cada situación el discurso preciso para convencer a esas personas mayores. A veces, empleando el encanto y las buenas maneras; otras, atemorizándolas con posibles penalizaciones económicas.

 

Se hacía pasar por funcionario para estafar a ancianos gallegos con gel hidroalcohólico

 

«Las víctimas manifestaban recibir constantes coacciones y amenazas de forma presencial o a través de llamadas telefónicas», destacó el Instituto Armado, que recalcó que «se personaban en los domicilios haciéndose pasar por abogados de la empresa, amenazándoles con denuncias por impago y el embargo de sus pensiones si no accedían a comprar colecciones de libros que no deseaban por unos precios que oscilaban entre los 1.500 y los 3.000 euros». La cuantía de los productos que ofertaban llegaba a ser hasta 25 veces superiores a los de su valor de mercado.

 

Solían actuar cuando tenían la certeza de que la víctima se encontraba sola en casa y cuadraban sus agendas y horarios para estar presentes cuando la financiera hacía la preceptiva llamada de control con la que se aprobaba definitivamente la compra. Una forma de asegurarse que el anciano no se iba a echar atrás y que conjugaban con otros métodos que implicaban presuntas usurpaciones. Según se recoge en la investigación judicial, hasta llegaron a hacerse pasar por familiares de algunos de ellos para evitar los filtros de las compañías crediticias; y la madre de uno de los investigados, también arrestada, supuestamente recibió instrucciones para suplantar telefónicamente a una víctima para que el contrato se cerrase.

  

Llamó la atención que el negocio, que operaba con las financieras a través de un entramado de sociedades, careciese de cualquier tipo de publicidad y que su rastro en internet fuese nulo. Igual ocurría con José Carlos, un tipo joven, sociable, cuya huella en las redes sociales era difusa. Un ‘fantasma digital’ cuyas apariciones provocaban destrozos económicos.

 

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Antequera se ha encargado de deshacer parte de su ‘legado’ presuntamente delictivo con el que podrían haber obtenido un beneficio superior a los 300.000 euros al año y ha acordado la anulación —por ahora— de 86 contratos suscritos por sus víctimas y el bloqueo de activos de los investigados. La operación Mendacium —’mentir’, en latín— se ha saldado con la detención de siete personas y el ingreso en prisión de sus máximos responsables.

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