La compra de acciones de Bankia

La compra de acciones de Bankia y su nulidad, controvertida en los Tribunales. Dos jueces han rechazado anular dos contratos de compra de acciones de Bankia al considerar que ofreció información «transparente» que fue avalada por la CNMV. Los magistrados añaden que, en todo caso, se trata de una inversión «puramente especulativa» cuyos riesgos, que son inherentes al «vaivén del mercado», se deben asumir. En una de las sentencias, el Juzgado de primera Instancia número 87 de Madrid rechaza anular la orden de suscripción de acciones de junio de 2011 de un matrimonio que exigía la restitución de los 6.000 euros invertidos en Bankia.

El magistrado recrimina a los demandantes que mezclasen «indiscriminadamente» en sus alegaciones productos híbridos como las preferentes con un activo como la acción, cuyas características son conocidas por cualquiera al ser la «forma más sencilla de inversión societaria» y no tener «más caras ocultas que la de estar al vaivén propio del mercado y de la situación económica». Como tampoco lo es, prosigue, «montar un operativo» para la captación urgente de recursos propios mediante empleo de «información confusa» como ocurrió con las preferentes, que el «ofrecimiento público mediante subasta abierta, dirigida a todo tipo de inversores, previa una campaña abierta de información publicitaria».

Una campaña que, pese a las dudas suscitadas en cuanto a la veracidad de la información contable suministrada, fue «masiva», ofreciendo información «transparente» aprobada por la CNMV, «quien la avaló dándole un marchamo de legalidad». Otra cosa es que el organismo no realizara un proceso de supervisión «todo lo exhaustivo, exigente, puntilloso o detallado que exigían las circunstancias de la preocupante exposición de las cajas que conformaban el grupo al riesgo inmobiliario», pero no está probado que hubiera un «engaño claro» por parte del supervisor.

Lo cual no significa, dice, que el proceso de comercialización «haya sido inadecuado, erróneo, deficitario o propiciatorio» y que justifique la anulación de la compra. «Exigir más responsabilidad al organismo rector, CNMV, Ibex o cualquier otro con competencias suficientes no habilita a los inversores que concurrieron libremente en el mercado, con información suficiente en todos los sentidos (positiva y negativa), accesible desde distintas fuentes a pedir la nulidad de su compra por no obtener las rentabilidades deseadas», concluye.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alicante también se niega a anular un contrato de suscripción de acciones por valor de 6.000 euros de un inversor que alegó errores en la solvencia proyectada por Bankia en su salida a bolsa, considerando que las cuentas formuladas no respondían a la imagen fiel de su patrimonio.

También en este caso, el juez considera «sobradamente conocido, desde el punto de vista del ciudadano medio», que una acción «puede experimentar, incluso de un día para otro, fluctuaciones en los mercados», lo cual influye en los beneficios o pérdidas del accionista, que acepta ese «riesgo inherente». Y aunque se tomase como punto de partida que la información contenida en el folleto sobre la solvencia de la entidad no era fiel, no está acreditado en qué medida pudo afectar a la OPS ni en el consentimiento de los propios demandantes, más aún cuando su finalidad al invertir en acciones fue «puramente especulativa».

Despistado el último. El auto del juez Fernando Andreu del pasado viernes en el que confirma «indicios fundados de delito» de falsedad en las cuentas de Bankia durante la salida a Bolsa e impone fianza ha movilizado desde esa misma tarde a decenas de despachos de abogados para sumar clientes que compraran acciones para disparar las demandas por la vía civil.
Si la Audiencia Nacional confirma el auto de imposición de fianza, como viene haciendo habitualmente con otras decisiones del mismo juez en el caso Bankia, unos 200.000 inversores particulares podrán recuperar su dinero. Ésta es la estimación preliminar de abogados del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y de su participada Bankia. Éstos anticipan que en torno al 60% de los 347.338 inversores particulares pueden terminar acudiendo a los tribunales y con serias posibilidades de victoria tras la decisión del juez.
Andreu impone una fianza de 800 millones de euros para asegurar que hay dinero para responsabilidad civil, pero advierte de que puede ser ampliable a lo largo del proceso. Si litiga el 60% de los afectados, el coste máximo rondará los 1.000 millones de euros, que es la estimación máxima del Frob. «No llegará al 100% y difícilmente al 70%, porque nunca se presentan todos, ni todos pueden demostrar haber salido perjudicados», explican fuentes jurídicas implicadas en el caso.

El propio juez Andreu resaltó que hay casos que vendieron a tiempo con plusvalías, por lo que él mismo veía complejo establecer una fianza. Andreu sí ha establecido, sin embargo, una cantidad pensando en muchos más accionistas que los que están personados en la causa penal que, según fuentes judiciales, no llegan a los 100 millones de euros.
Esta cifra se queda pequeña ante el colosal vendaval que se avecina contra una Bankia cada vez más desarmada de argumentos. El abogado del despacho Cremades Calvo Sotelo y portavoz de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, Óscar Arredondo, es uno de los que está aconsejando a los accionistas que intenten reclamar. Este ex juez ha destacado en declaraciones a Radio Nacional el hito que supone ver por escrito en un auto del juez la existencia de indicios sólidos de que «las cuentas de Bankia eran falsas».

En su opinión, es una base para que que los accionistas que acudan a la vía civil aleguen «vicio de consentimiento» y que se les anule su contrato de compra de acciones en la salida a Bolsa. En todo caso, el auto no es aún firme y tanto el Banco Financiero de Ahorros (BFA), propiedad del fondo estatal Frob, como Bankia, participada en un 62% por el Estado han anunciado la presentación de sendos recursos.

El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, ya viene advirtiendo en público desde el pasado mes de diciembre la probabilidad de que haya que indemnizar y sostiene que el coste no debe ser asumido sólo por Bankia, sino también por BFA, directamente el Estado.

Por eso y espoleado también por el auto del juez, Goirigolzarri insistirá esta semana al Gobierno en que debe fijar un reparto claro del coste, lo que aún no ha sido posible por la división interna en el Ejecutivo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asume que BFA cargue con el 62% de las indemnizaciones mientras que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el director de la Oficina Económica de Presidencia, Álvaro Nadal, cuestionan hasta ahora que el Estado deba asumir la mayoría del coste y que deba decidirlo ya cuando todavía no existen sentencias judiciales firmes.

Por otro lado, black.Andreu comenzará hoy, lunes, a interrogar a 27 antiguos miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, el uso que hicieron de las tarjetas black.

Los 27 comparecerán con la condición de imputados, según informa Europa Press, por lo que podrán asistir a la declaración acompañados de un abogado y tendrán la obligación de decir la verdad. Se les imputa un delito de administración desleal, que habrían cometido por autorizar el uso de los plásticos, o bien uno de apropiación indebida, que se podría atribuir a los 82 ex directivos que los utilizaron.