PENAL: UNA TRAMA DE CORREOS FALSOS A NOMBRE DE BANCOS PARA «VACIAR CUENTAS» de 133 personas. El tribunal apunta a que «se trata de una organización criminal integrada por más de 80 personas de nacionalidad diferente» que incurrió en «prácticas de ‘fishing’ indiscriminadas».
La Audiencia Nacional investiga una «organización criminal integrada por más de 80 personas de nacionalidad diferente» que estafó al menos 133 personas mediante el envío de correos electrónicos en los que se hacían pasar por entidades bancarias. Según explica una resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, la trama realizaba «cierta investigación sobre los datos de sus víctimas» para que los mensajes resultaran creíbles y estos facilitaran las claves de acceso, tras lo que vaciaban sus cuentas.
La investigación arrancó hace dos años en el Juzgado de Instrucción 7 de Alicante, pero tras advertir la envergadura de la trama, el juez remitió la misma a la Audiencia Nacional, donde ya se tramitaba una causa similar. La discusión respecto a quién tenía la competencia para dirigir las diligencias terminó por llegar al Tribunal Supremo, que en un auto dictado en octubre, concluyó que estas debían recaer sobre la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón.
«Se trata, así, de una organización criminal integrada por más de 80 personas de nacionalidad diferente que, tras un estudio previo de las víctimas, averiguan la entidad bancaria a la que tienen vinculada su actividad económica y les remiten un correo electrónico haciéndose pasar por su entidad bancaria, haciendo constar que ha sido bloqueada temporalmente y que deben pinchar un enlace para verificar la misma», explica el alto tribunal. De esta manera, lograban que los perjudicados introdujeran las claves de sus bancos, lo que les permitía «vaciar las cuentas» mediante el envío de transferencias a otros depósitos que ellos mismos manejaban «en el extranjero».
Según argumenta el Supremo, se trata de «prácticas de ‘fishing’ indiscriminadas», un término que hace referencia a un tipo de estafa que tiene como objetivo obtener datos privados a través de internet para después acceder a cuentas o información bancaria. En cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional, el tribunal apunta además a que «aparecen un número creciente de víctimas radicadas en el territorio de varias audiencias provinciales». En concreto, 133 víctimas repartidas por 29 provincias distintas.
Fuentes cercanas a la investigación explican a El Confidencial que la mayor parte de los investigados son originarios de Letonia, lo que en principio obligará a enviar comisiones rogatorias a este país para recabar datos tanto sobre ellos como sobre sus movimientos bancarios. Pese a ello, entre los sospechosos también constan al menos siete españoles, en cuyo caso resulta complicado conocer su participación y aclarar si tienen alguna responsabilidad en los hechos, explican las mismas fuentes.
Otra de las dificultades que arrastra el caso es la de contactar a las propias víctimas. Según explica la resolución, a las 133 se les ha podido situar en 29 provincias distintas por «el grupo de investigación tecnológica» y no porque ellas mismas hayan presentado denuncia. Las fuentes consultadas apuntan además a que el dinero que sustraían de sus cuentas giraba en torno a los 5.000 euros, por lo que queda por ver si deciden personarse en la causa. Por el momento, la investigación queda en manos de la Audiencia Nacional, donde los últimos años han ido acumulándose distintas investigaciones sobre organizaciones criminales con ciberdelincuentes como protagonistas.