PENAL. PRIMERA CONDENA A SERVICIOS SOCIALES POR CERTIFICAR FALSOS ABUSOS SEXUALES DE UN PADRE DIVORCIADO A SU HIJO

PENAL. PRIMERA CONDENA A SERVICIOS SOCIALES POR CERTIFICAR FALSOS ABUSOS SEXUALES DE UN PADRE DIVORCIADO A SU HIJO.

La Junta de Andalucía encargó la evaluación a ADIMA, una asociación contra el maltrato que, según la sentencia, «dirigió» la declaración del menor.

En una sentencia sin precedentes en nuestro país, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Junta a indemnizar con 60.000 euros a un padre de Huelva que pasó más de tres años en prisión preventiva, al considerar que el equipo psicosocial dependiente de la administración «dirigió» a su hijo de ocho años para que le acusara de unos abusos sexuales que posteriormente se demostraron falsos.

La Justicia certifica así la «mala praxis» de tres psicólogas que arruinaron la vida de Teodoro L.R., un hombre divorciado que en 2013 fue condenado a 14 años de prisión por estos hechos, pero cuya sentencia fue anulada posteriormente por el Supremo, tras determinar que el tribunal que le juzgó estaba «contaminado». El juicio se repitió y el acusado quedó absuelto.

Ahora, esta última sentencia termina de resarcir su imagen, pero no su mayor pérdida: un hijo que «ha interiorizado completamente unos abusos que no existieron».

La gravedad de lo sucedido, en todo caso, va más allá, ya que, tal y como subraya el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ADIMA no se limitó a realizar la evaluación, sino que sometió al menor a «150 sesiones de terapia, que han afectado a la percepción sobre su padre y, por tanto, su relación».

Esta actuación ya fue calificada por los peritos de la defensa como «innecesaria y yatrogénica», lo que significa que «el menor ha interiorizado completamente unos abusos que no existieron». Esto no sólo ha causado daños emocionales y psicológicos a padre e hijo, sino que, además, como reconoce la Justicia, ha desembocado en una «ruptura de la relación paterno-filial irreparable».

Con todo, la abogada Ana de Silva ha logrado que la Junta de Andalucía -responsable de la externalización del caso- indemnice a su cliente con 60.000 euros.

La trascendencia de la condena, sin embargo, va más allá de dicha cantidad, ya que abre la puerta a la esperanza a muchos padres divorciados que se ven envueltos en acusaciones de abusos sexuales a sus propios hijos que, sin embargo, posteriormente son desestimadas en los tribunales.