CONSUMIDORES. UBER. Competencia amenaza con actuar contra Fomento si no se modifica la norma que blinda al sector del taxi frente a Uber.  La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) llevará al Ministerio de Fomento ante los tribunales si no retira las restricciones a la competencia en materia de transporte de pasajeros mediante vehículos de alquiler con conductor, introducidas en el Real Decreto 1057/2015, del pasado 20 de noviembre.

Según informa Almudena Vigil, dicho texto incluye entre sus medidas la obligación de contar con una flota mínima de siete vehículos para poder operar en el mercado, algo que, en la práctica, supone una barrera para nuevos modelos de negocio como los de Uber o Cabify, basados, precisamente, en la autonomía de sus conductores.

El RD 1057/2015 perjudica la libre competencia

La CNMC entiende que la norma “reduce la competencia en el mercado de transporte urbano de viajeros y blinda el régimen de monopolio en los servicios de taxi, frenando la innovación en el sector”. En este sentido, señala que “estos impedimentos a la libre competencia son especialmente gravosos en el momento actual de innovación acelerada en el sector, que se vería frenada por la norma y, por lo tanto, deben ser eliminadas del marco normativo”.

Además, asegura que las restricciones introducidas por la norma “son contrarias a los principios de regulación económica eficiente establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, carecen de justificación económica, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, y reducen el bienestar general”.

Se envió requerimiento de anulación

Según explica en un comunicado remitido a los medios, el organismo envió al Consejo de Ministros, el pasado 14 de enero, un requerimiento de anulación de varios de los artículos incorporados al citado Real Decreto, que modifica el RD 1211/1990, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

La CNMC señala que, mediante la formulación de este requerimiento, “brinda una oportunidad a las Administraciones competentes para que eliminen estas restricciones y favorezcan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros”, ya que dichas restricciones “carecen de justificación y son claramente perjudiciales para la sociedad”.

En el supuesto de que Fomento no atienda a dicho requerimiento, modificando “las severas restricciones a la competencia y la unidad de mercado”, asegura que impugnará ante los tribunales el Real Decreto, interponiendo un recurso contencioso-administrativo. El organismo está legitimado para impugnar los actos de las Administraciones Públicas y las normas con rango inferior a la ley contrarios a los principios de regulación económica eficiente y competencia efectiva, amparándose en el artículo 27 de la Ley de garantía de la unidad de mercado.

Según explica un portavoz de Uber, este requerimiento de la CNMC “reconoce los beneficios que la aparición de nuevas alternativas de movilidad pueden ofrecer a nuestro país”. Desde la compañía explican que “estas alternativas favorecen, no sólo una mayor libertad de elección para el ciudadano, sino también una gran oportunidad de creación de empleo”. Asimismo, señalan que “existe una oportunidad de desarrollar ciudades más sostenibles con alternativas reales al vehículo privado que contribuyan a reducir los niveles de congestión y contaminación”.

Por su parte, Juan Ignacio García-Braschi, Country Manager de Cabify España, señala que el Reglamento aprobado por Fomento introdujo cuestiones que desde la compañía valoran positivamente y otras que consideran que son un paso atrás. En este sentido, están de acuerdo con la CNMC en lo que afecta a la exigencia de una flota mínima de siete vehículos, ya que buena parte de la flota de Cabify está compuesta por conductores autónomos y esta exigencia supone una limitación. No obstante, considera que en la nueva normativa de Fomento hay bastantes avances, pese a este aspecto concreto.

Los argumentos de la CNMC

Competencia señala cuáles son los principales obstáculos a la competencia establecidos en el Real Decreto que deberían ser eliminados por no considerarse suficientemente justificados, y lo argumenta así:

– Límites cuantitativos. El Real Decreto permite que la Administración Pública deniegue autorizaciones de VTC cuando, a su criterio, existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esta negativa será automática cuando exista más de una autorización de VTC por cada treinta licencias de taxi. Dicha restricción limita de forma sustancial la entrada en el mercado de transporte urbano de viajeros. Impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera, y una mayor competencia en precios, calidad e innovación.

– Contratación previa del servicio y prohibiciones de ejercicio. El Real Decreto establece la obligación de contratar previamente los servicios VTC, prohíbe que circulen con pasajeros sin un contrato de arrendamiento, e impide que puedan ofrecer sus servicios circulando en las vías públicas en busca de clientes. Estas restricciones injustificadas impiden que los VTC puedan competir con los taxis en varios ámbitos del transporte urbano de pasajeros, en particular en el segmento de contratación directa en la calle.

– Compartimentación geográfica. El Real Decreto determina que los VTC deberán ser utilizados habitualmente en el territorio de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre domiciliada la autorización, incorporando un límite máximo de servicios que podrán realizarse en un territorio español distinto al de la autorización.

– Número mínimo, representatividad y antigüedad de los vehículos. El Real Decreto establece un número mínimo de 7 vehículos para poder operar en este mercado, una antigüedad máxima de 10 años y otros requisitos injustificados de carácter técnico.

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