BANKIA. Alfredo García López –ABOGADOS- ya se había adelantado a esta noticia de ámbito nacional en nuestra web:

16/09/2015: https://www.alfredogarcialopez.es/acciones-bankia/

30/10/2015: https://www.alfredogarcialopez.es/bankia/

Así pues, cuatro años y medio después del controvertido debut bursátil de Bankia, el Tribunal Supremo anuló ayer la compra de acciones de la entidad al estimar que el folleto de salida a Bolsa contenía información engañosa. La sentencia supone una muy buena noticia para los 347.000 ahorradores españoles que respaldaron aquella operación impulsada por el presidente de la antigua caja y ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Pero al mismo tiempo, supone un duro varapalo tanto para el banco público, como para las instituciones españolas involucradas en aquella bochornosa Oferta Pública de Suscripción (OPS).

El Pleno de la Sala Civil rechazó este miércoles dos recursos de Bankia al considerar que el folleto con el que se comercializó su salida a Bolsa contenía «graves inexactitudes». El Alto Tribunal confirmó así dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Oviedo y Valencia en las que se estimaba que «la incorrección, inveracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados» llevó a engaño a los compradores.

El Tribunal Supremo avala las causas civiles abiertas contra Bankia por la venta de acciones.
La entidad recurrió dos sentencias de Valencia y Asturias que anularon la adquisición de títulos por particulares. El tribunal confirma «graves inexactitudes» en el folleto de oferta pública

No solo la Audiencia Nacional sostiene que la salida a bolsa de Bankia se llevó a cabo con información presuntamente engañosa. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha asegurado esta mañana que el folleto de la oferta pública de suscripción de acciones de 2011 tenía «graves inexactitudes» que llevaron al error a los particulares que las adquirieron. El alto tribunal rechaza también la petición de Bankia de que todas las causas civiles abiertas por accionistas contra la entidad se paralicen hasta que no se resuelva la causa penal que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción 4, de la Audiencia, el que dirige Fernando Andreu.

El Supremo anula la compra de acciones de Bankia por «graves inexactitudes»
Bankia recurrió dos sentencias de las audiencias provinciales de Valencia y Asturias. En ellas se anulaba la compra de acciones de la entidad por parte de los particulares que la demandaron. El pleno de la sala de lo civil se ha reunido esta mañana para abordarlos y ha dado la razón a los accionistas que querían que se les devolviera su dinero. Su resolución ha sido un serio varapalo para el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, al dar carta blanca a todas las reclamaciones civiles contra la entidad, pese a las pretensiones de esta de paralizarlas hasta que se pronuncie la Audiencia Nacional.

Los magistrados han desestimado todos los motivos del recurso de Bankia. La sala ha rechazado que la causa penal que investiga Andreu «pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil». En los casos concretos de los accionistas de Valencia y Asturias que demandaron al banco, el Supremo ha confirmado «que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes», es decir, que suscribieron sus acciones con información engañosa. Ese error se debió, según los magistrados, «a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública».
El Tribunal Supremo obliga a Bankia a devolver lo invertido en acciones por engañar en la salida a bolsa. El TS obliga a Bankia a devolver lo invertido en acciones por engañar en la salida a bolsa Menéalo 445 Google+ Actualizado 27/01/2016 18:43:48 CET Rechaza también que se puedan paralizar reclamaciones individuales por lo civil mientras la Audiencia Nacional investigación.

Con esta sentencia, el Supremo viene a poner de manifiesto que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni el Banco de España hicieron su trabajo de proteger a los inversores y velar por la estabilidad del mercado al permitir que Bankia saliera a Bolsa en julio de 2011.

Aquel verano, en plena tormenta financiera, los inversores profesionales e internacionales dieron la espalda a la operación liderada por Rato y auspiciada por la ministra socialista Elena Salgado, lo que hizo que los títulos de Bankia se estrenaran en Bolsa con un descuento del 60% sobre su valor contable. Esos expertos parecieron detectar en su análisis sobre la entidad lo que la CNMV y el Banco de España no pudieron o quisieron concluir: que sus cuentas estaban infladas, como se confirmó en mayo de 2012, cuando Bankia tuvo que pedir un rescate próximo a 22.000 millones de euros.

El Supremo condena ahora al banco a indemnizar a los demandantes afectados. Dado el elevado número de reclamaciones judiciales por este caso, se estima que el coste podría superar los 1.800 millones de euros. Este dinero no es de una entidad privada, sino de un banco participado por el Gobierno. Es decir, son los ciudadanos los que van a pagar con su dinero, una vez más, este desaguisado del equipo de Rato.

El ex vicepresidente y sus colaboradores cercanos están imputados en el proceso penal que está en marcha en la Audiencia Nacional. Sin embargo, ni el ex presidente de la CNMV, Julio Segura, ni el ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, van a rendir cuentas ante la Justicia por este caso. Es más, la sentencia llega en unos días en los que Fernández Ordóñez está promocionando su libro. Un ejemplar en el que arremete contra el PP y el PSOE por el rescate financiero, pero no escribe ni una línea de autocrítica pese a que él fue el responsable de muchas de las decisiones que se adoptaron en los años previos a ese rescate.

Durante años, el Banco de España se reafirmó en que Bankia salió a cotizar con información veraz. Hubo que esperar a diciembre de 2014 para que dos peritos de la institución reconocieran en un informe que aquellas cuentas «no reflejaban la imagen fiel de la entidad».

Aquel informe se elaboró a petición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Es justo recordar hoy que ese procedimiento penal se abrió por al trabajo de UPyD y su ex líder, el abogado, Andrés Herzog, que ha quedado sin representación parlamentaria en las últimas elecciones.

Precisamente, una de las dos sentencias dictadas ayer por el Supremo establece que Bankia tendrá que indemnizar a sus clientes con independencia de cuál sea el resultado de ese procedimiento penal.

El escándalo de Bankia refleja la debilidad de las instituciones españolas y los excesos que se han consentido a la clase política y empresarial de este país.

A su chapucera y engañosa salida a Bolsa se une el escándalo de las preferentes, que tuvo un coste para los contribuyentes de 1.500 millones. Esto después de que el banco hubiera recibido una inyección de 25.000 millones (4.400 con las fusiones impulsadas por el Gobierno de Zapatero y cerca de 22.000 en el rescate de 2012). Se trata de una cuantía astronómica, que es seguro que no se podrá recuperar en su totalidad. Y como colofón, además de pagar, los españoles han tenido que asistir a la desvergüenza de las tarjetas ‘black’, ejemplo que ilustra la avaricia de quienes llevaron a Bankia a la ruina.

El rechazo de la Sala Civil del Tribunal Supremo a dos recursos de Bankia contra sendas sentencias de las audiencias provinciales de Valencia y Oviedo, que consideraban nulas las órdenes de suscripción de acciones de la entidad al entender que el folleto de salida a Bolsa no reflejaba su imagen fiel, tiene importantes implicaciones.

Bankia pretendía que las causas civiles quedasen paralizadas hasta que se sustanciase la causa penal que instruye la Audiencia Nacional contra la cúpula del banco. El Tribunal Supremo, al desvincular una de la otra, establece que, independientemente de que la causa penal sea archivada, los afectados por la salida a Bolsa tienen derecho a reclamar lo inicialmente invertido.

En este momento, las demandas contra Bankia suman 820 millones de euros. Naturalmente, a la luz de la resolución del Supremo, la inmensa mayoría de los que suscribieron acciones en julio de 2011 acudirán a la vía judicial, lo que elevará la cuantía a unos 1.800 millones, que ya han sido provisionados por la entidad que preside Goirigolzarri.

Como el accionista mayoritario de Bankia es el FROB, es decir, el Estado, esa minusvalía de la entidad será cubierta, en última instancia, por los impuestos que pagamos los ciudadanos. Tocamos a 40 euros por habitante, que sumados a los 500 euros que supone dividir los 22.400 millones que se inyectaron en 2012, suman 540 euros. Si se cumpliera la previsión oficial de recuperación de un 60% de las ayudas, al final cada contribuyente habrá perdido un mínimo de 260 euros por la mala gestión de Bankia. Sin contar el coste de las despidos ni de las ayudas anteriores al hundimiento de la entidad.

Una segunda implicación viene determinada por el hecho de que el Supremo estime que han existido «graves inexactitudes» en el folleto de salida a Bolsa ¿Cómo han llegado a esa conclusión los magistrados de la Sala Civil? Sin duda porque han dado por bueno el informe de los peritos del Banco de España realizado a instancias del juez Andreu (que instruyen en la Audiencia).

De alguna manera, al expresar esa consideración, el Supremo le está marcando el camino a la Audiencia, que, según las fuentes consultadas, abrirá juicio oral contra los directivos de Bankia en un plazo de dos o tres meses.

La decisión adoptada ayer por el Alto Tribunal es la peor noticia que podía esperar Rodrigo Rato, ex ministro de Economía y ex director gerente del FMI.

Aunque sean caminos paralelos, el proceso civil y el proceso penal, el argumento utilizado por el Supremo, echando mano del escrito de los peritos del Banco de España, condiciona la actuación del juez de la Audiencia, que, con toda seguridad, encontrará indicios suficientes de delito como para actuar contra los administradores de Bankia por la forma en la que se llevó a cabo su salida a Bolsa.

Por último, la decisión del Supremo es otro varapalo para el gobierno, por cuando afecta a un ex miembro de la cúpula del PP, que encarnó, más que ningún otro ministro del gobierno de Aznar, un período caracterizado por la buena gestión económica.

Aunque el FROB considera discutible el informe de los peritos del Banco de España en ciertos aspectos técnicos, el juez no podrá sustraerse a la presión social de una mayoría de ciudadanos que considera que, durante la época de los recortes, algunos no sólo se aprovecharon de sus cargos (las tarjetas black), sino que también engañaron a los ahorradores (salida a Bolsa o preferentes).

De alguna forma, el juicio a Bankia es el juicio a toda una época.El Supremo anula la compra de acciones de Bankia por engaño. El alto tribunal desestima dos recursos de la entidad y rechaza que la causa penal pueda paralizar las reclamaciones en la vía civil. Allana el camino a miles de afectados
El Tribunal Supremo ha dado este miércoles un severo varapalo a Bankia. La Sala de lo Civil del alto tribunal ha confirmado dos sentencias de las Audiencias Provinciales de Valencia y Oviedo que obligaba a Bankia a devolver a dos compradores de acciones de la entidad el dinero que invirtieron porque existían «graves inexactitudes» en el folleto de la oferta pública de títulos de la entidad, que se estrenó en Bolsa en julio de 2011.

Abre la vía a las reclamaciones de miles de suscriptores de acciones en la salida a bolsa de Bankia de 2011. El Supremo, además de desestimar los recursos de Bankia sobre el fondo de la cuestión —la devolución del dinero invertido en las acciones— rechaza que la causa penal pendiente en la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en la vía civil.
Esta sentencia es crucial para el futuro del banco y de quienes exigen recuperar su dinero por la salida a Bolsa, ya que existen demandas por suscripción de acciones por valor de 819,2 millones hasta el 20 de diciembre de Bankia. La entidad ha provisionado hasta 1.840 millones para esta contingencia, ante la evidencia de que estaban ya perdiendo la gran mayoría de los casos que llegaban a los tribunales relacionados con la colocación de acciones en su estreno en el parqué.
La resolución de la Sala de lo Civil del Supremo, conocida este miércoles, amplía así más la vía a las reclamaciones de devolución de cantidades interpuestas por miles de suscriptores de acciones en la salida a bolsa de Bankia en el año 2011. El folleto del lanzamiento al mercado de los títulos no reflejaba la realidad contable de la antigua Caja Madrid, presidida entonces por Rodrigo Rato.
Dos reclamaciones, el origen del fallo. Los demandantes a raíz de los que surge la sentencia son dos matrimonios que invirtieron respectivamente 9.997 euros y 20.868 euros en acciones. Las Audiencias Provinciales consideraron probado que la información reflejada en la oferta pública “resultó incorrecta e inveraz en aspectos relevantes” y dio apariencia de una solvencia que no se correspondía con la realidad.

En opinión de los dos tribunales, ese hecho es, además, independiente de calificación penal que se le dé a estos hechos o de la autoría que se achaque a quienes resulten responsables.

La clave ahora para el éxito de las reclamaciones, dice una abogada, está en llegar antes de que el plazo legal se acabe.

Eva María Ruiz Córdoba, abogada de Valencia que representa a uno de los accionistas que deberán ser indemnizados, mostraba este miércoles su satisfacción por el fallo del Supremo: “Llevo a unos 500 clientes y he dedicado a esto dos meses enteros de trabajo: los juzgados de Valencia lo tenían muy claro, pero otros no lo tenían tanto. Esta sentencia refuerza y da tranquilidad a abogados y magistrados. Todo el mundo estaba pendiente de este fallo”, afirma. La letrada señala que la batalla jurídica reside ahora en los plazos de prescripción de las reclamaciones. Según Ruiz Córdoba “todavía se está a tiempo de reclamar, hasta abril o mayo de 2016”.
El Banco de España no valoró las cuentas. El Banco de España aseguró este miércoles que sus servicios técnicos no entraron a valorar las cuentas de Bankia con motivo de la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.

El organismo regulador reconoció en un comunicado que un juez de Navalcarnero (Madrid) le solicitó datos contables de Bankia, así como información sobre la normativa contable.

El organismo presidido por Luis María Linde afirma que sus técnicos se limitaron a facilitar la información requerida por el magistrado de Navalcarnero.

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